Euro-condena a España

Europa condena los "macroproyectos de urbanización" en España, también en Madrid

Imagen: Sierra de Madrid "parque regional de la pedriza"

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones una resolución en la que expresa su "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas", especialmente en Madrid y Valencia.

Los diputados "lamentan profundamente" que estas prácticas se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid".

Los parlamentarios piden además a las autoridades regionales que creen comisiones de arbitraje para resolver los conflictos urbanísticos. La resolución, que no tiene carácter vinculante, fue promovida por los socialistas, liberales, izquierda unitaria y verdes, y contó con la oposición del Partido Popular, que alegó durante el debate de la resolución el pasado martes que los ciudadanos se habían pronunciado sobre el urbanismo en Valencia y Madrid dando la mayoría absoluta a los populares en ambas comunidades el 27-M.

El texto aprobado por los parlamentarios recuerda que han existido "casos de práctica de corrupción relacionados con macroproyectos de urbanización que han conducido a la detención y condena de funcionarios y políticos elegidos en las administraciones públicas locales".

Insiste en que los proyectos de urbanización masiva "no responden en absoluto a las necesidades reales de las ciudades y los pueblos afectados, son insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas".

Asimismo, condena la aprobación por algunos municipios de "planes urbanísticos que más tarde son declarados ilegales, lo que lleva al derribo o la amenaza de derribo de bienes inmobiliarios adquiridos de buena fe por ciudadanos europeos por medio de promotores y agentes de la propiedad".Por estos motivos, el pleno de la Eurocámara "ruega" a las autoridades españolas y a los gobiernos de las comunidades autónomas, "en particular al gobierno de la Comunidad Valenciana", que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad adquirida legalmente y establezcan por ley criterios más precisos para la aplicación del artículo 33 de la Constitución Española con respecto a la utilidad pública y el interés social".

Para resolver los conflictos urbanísticos, el Parlamento reclama a las autoridades regionales que creen comisiones de arbitraje, en las que participen los Defensores del Pueblo locales, y a las que puedan acceder de forma gratuita los afectados directamente por posibles abusos. La Comisión debería prestar "especial atención" a las infracciones de las directivas medioambientales y sobre el agua. "Es imperativo tomar medidas adecuadas que garanticen la correcta aplicación y el adecuado respeto de la Directiva marco del agua en lo que se refiere a los grandes proyectos urbanísticos", señalan.

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